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Sostenibilidad en el sector agroalimentario: de la granja al reporte
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Sostenibilidad en el sector agroalimentario: de la granja al reporte

España exporta más de 65.000 millones de euros en alimentos al año, pero los requisitos ESG europeos y la presión de los grandes distribuidores amenazan a quienes no tengan sus datos de sostenibilidad en orden.

Isabelle Guitton1 de marzo de 2026Actualizado el 1 de septiembre de 202611 min lectura

España, potencia agroalimentaria con presión creciente

España es el cuarto mayor exportador de alimentos y bebidas de la Unión Europea y el octavo del mundo. En 2025, las exportaciones agroalimentarias superaron los 65.000 millones de euros, con destinos principales en Francia, Alemania, Italia, Portugal y Reino Unido. El sector emplea a más de 2,3 millones de personas entre producción primaria, transformación y distribución.

Pero este peso exportador, que siempre ha sido una fortaleza, se está convirtiendo también en un punto de vulnerabilidad. Los principales mercados de destino de los alimentos españoles — todos dentro de la UE — están imponiendo exigencias ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) cada vez más estrictas. Y no solo a las grandes multinacionales: la presión baja por la cadena de valor hasta llegar al productor agrícola, la cooperativa o la PYME transformadora.

Si tu empresa forma parte de la cadena alimentaria en España — desde la producción primaria hasta el envasado, la logística o la distribución — 2026 es el año en que necesitas tener tus datos de sostenibilidad organizados.

Requisitos ESG de la UE para exportadores alimentarios

Varios marcos regulatorios europeos confluyen sobre el sector agroalimentario:

CSRD: reporte obligatorio de sostenibilidad

La Directiva de Información sobre Sostenibilidad Corporativa (CSRD) obliga a publicar información de sostenibilidad según los estándares ESRS, pero su alcance se recortó en 2026: la Directiva (UE) 2026/470 limita la obligación a las empresas con más de 1.000 empleados de media y un volumen de negocios neto superior a 450 millones de euros, y da a los Estados miembros hasta el 19 de marzo de 2027 para transponerla. Antes, la Directiva (UE) 2025/794 ya había retrasado el calendario: las grandes empresas no cotizadas no reportan hasta los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2027. Y España todavía no ha transpuesto la CSRD; la norma vigente aquí sigue siendo la Ley 11/2018 de información no financiera.

Para el sector alimentario, esto significa que las grandes cadenas de distribución superan holgadamente esos umbrales y acabarán reportando, con la información material de su cadena de valor dentro. Lo que aún no ha llegado es la fecha: el calendario se ha movido dos veces en dos años.

La CSRD no obliga directamente a la mayoría de PYMES agroalimentarias. Pero sí obliga a sus clientes a pedir datos. Y un proveedor que no puede proporcionar datos ESG es un proveedor que genera un hueco en el informe de su cliente. La consecuencia práctica es clara: te van a pedir los datos, y si no los tienes, buscarán otro proveedor que sí los tenga.

Reglamento de Deforestación (EUDR)

El Reglamento (UE) 2023/1115 exige a las empresas que comercialicen en la UE determinados productos (soja, carne de vacuno, aceite de palma, madera, cacao, café y caucho) que demuestren que no están vinculados a deforestación. Aunque su aplicación principal recae sobre importadores, las empresas agroalimentarias españolas que utilicen estas materias primas como ingredientes deben asegurar la trazabilidad de su origen.

Taxonomía verde de la UE

La Taxonomía de la UE clasifica qué actividades económicas se consideran medioambientalmente sostenibles. Los bancos y fondos de inversión la utilizan para decidir a quién financian y en qué condiciones. Para empresas agroalimentarias que buscan financiación bancaria o inversión, cumplir con los criterios de la taxonomía puede mejorar las condiciones que ofrece el banco y abrir líneas verdes que de otro modo quedan cerradas.

Estrategia de la Granja a la Mesa (Farm to Fork)

La estrategia de la Comisión Europea establece objetivos ambiciosos para 2030:

  • Reducción del 50% en el uso de pesticidas químicos
  • Reducción del 20% en el uso de fertilizantes
  • 25% de superficie agrícola en producción ecológica
  • Reducción del 50% de ventas de antimicrobianos para animales de granja

Estos objetivos se están traduciendo progresivamente en regulación vinculante que afecta a los productores españoles.

La Ley de la Cadena Alimentaria y su evolución

En España, la Ley 16/2021 de la Cadena Alimentaria (que modifica la anterior Ley 12/2013) regula las relaciones comerciales en la cadena agroalimentaria. Aunque su objetivo principal es corregir desequilibrios de poder negociador, la ley ha sentado las bases para incorporar criterios de sostenibilidad:

  • Obligación de contratos escritos en todas las transacciones entre eslabones de la cadena
  • Prohibición de destrucción de valor: no se puede vender por debajo de coste
  • Trazabilidad obligatoria: cada eslabón debe poder identificar al proveedor y al cliente inmediato
  • Información obligatoria sobre prácticas agrarias: los compradores pueden exigir documentación sobre prácticas sostenibles

La AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) es la autoridad de control. Sus inspecciones han aumentado un 40% entre 2023 y 2025, con especial atención a las relaciones entre grandes distribuidores y proveedores.

Además, la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario ya está aprobada y en vigor: las medidas obligatorias de su artículo 6 se aplican desde el 2 de abril de 2026, un año después de su publicación en el BOE. Obliga a los agentes de la cadena a aplicar la jerarquía de prioridades del desperdicio, a disponer de un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario y a promover acuerdos o convenios para donar sus excedentes. Las infracciones muy graves se sancionan con multas de entre 60.001 y 500.000 euros.

Ojo a las exclusiones, porque en una pyme pesan: las microempresas y las pequeñas explotaciones agrarias quedan fuera de esas obligaciones, y de las del apartado 4 del artículo 6 quedan exceptuadas la transformación, el comercio minorista, la distribución alimentaria, la hostelería y la restauración en establecimientos de 1.300 m² o menos, salvo que varios establecimientos bajo un mismo CIF sumen más entre todos.

Y no hay que perder de vista el envase, omnipresente en el sector: quien envasa, importa o vende con marca propia producto envasado tiene desde 2025 obligaciones de Responsabilidad Ampliada del Productor por sus envases comerciales e industriales (RD 1055/2022) y, si hay plástico no reutilizable por medio, puede estar sujeto también al impuesto al plástico (modelo 592).

Grandes distribuidores: la presión que baja por la cadena

Lo que realmente está cambiando el día a día de las empresas agroalimentarias españolas no es la legislación en abstracto, sino las exigencias concretas de sus clientes.

Qué se está pidiendo a los proveedores

Los grandes distribuidores vienen ampliando los requisitos de sostenibilidad que trasladan a sus proveedores. En la práctica, lo que más se está pidiendo es:

  • Datos de huella de carbono por categoría de producto
  • Plan de reducción de emisiones
  • Información sobre gestión de envases y residuos
  • Datos de consumo de agua en procesos productivos

Ese último punto es cada vez más determinante en un sector que vive del agua: medir el impacto hídrico real con un estudio de huella hídrica según la norma ISO 14046 permite responder a distribuidores y pliegos con datos defendibles, no con estimaciones.

A eso se suman, según el cliente, cuestionarios ESG con puntuación al estilo del CDP, etiquetado de huella en productos de marca propia y certificaciones de bienestar animal. Cada grupo tiene su propio calendario y su propio formulario, así que la referencia buena no es lo que se cuenta en el sector, sino el pliego de compras o el informe de sostenibilidad de ese distribuidor en concreto.

Los clientes alemanes: diligencia debida por ley

Las cadenas alemanas están sujetas a la Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (Ley de Diligencia Debida en Cadenas de Suministro), que las obliga a analizar y prevenir riesgos ambientales y de derechos humanos en su cadena de suministro. Esa obligación viaja hacia abajo: si vendes a un cliente alemán, cuenta con que te pida auditorías sociales y ambientales periódicas, datos verificables de emisiones y uso de recursos, y evidencia de que cumples estándares mínimos laborales y ambientales.

Cooperativas y centrales de compra

Las grandes cooperativas (DCOOP, Anecoop, Coren, Central Lechera Asturiana) también están implementando sistemas de recogida de datos ESG entre sus socios cooperativistas, tanto por exigencia de sus clientes como por acceso a financiación preferente.

Scope 3: el gran reto del sector alimentario

En la cadena alimentaria, las emisiones de Scope 3 (las que se producen fuera de las operaciones directas de la empresa) representan entre el 70% y el 90% de la huella total. Esto tiene dos implicaciones:

Para los distribuidores y transformadores: no pueden reportar su huella real sin datos de sus proveedores. De ahí la presión descendente que hemos descrito.

Para los productores primarios: sus emisiones directas (Scope 1 y 2) son el Scope 3 de sus clientes. Esto significa que cada dato que proporcionas sobre tus emisiones tiene un valor directo para tu cliente.

Las principales fuentes de emisión en la cadena alimentaria son:

  • Producción agrícola: fertilizantes nitrogenados (N2O), maquinaria agrícola (diésel), fermentación entérica del ganado (CH4), gestión de estiércol
  • Transformación: consumo energético de procesos (refrigeración, pasteurización, secado, envasado)
  • Logística y transporte: transporte refrigerado a larga distancia, cadena de frío
  • Envases: producción de envases (plástico, vidrio, cartón, metal) y su gestión al final de vida. Ojo aquí: además de emisiones, los envases traen obligaciones legales propias — desde 2025 los envases comerciales e industriales con producto dentro (sacos, bidones, cajas) están sujetos a la RAP del RD 1055/2022, que obliga a registrarse en el MITECO y estar de alta en un SCRAP
  • Desperdicio alimentario: emisiones asociadas a alimentos producidos que no se consumen

Programas de ayuda específicos para el sector

Existen líneas de financiación específicas para la sostenibilidad agroalimentaria:

  • PERTE Agroalimentario: línea de ayudas del Gobierno de España con fondos Next Generation EU para la industria agroalimentaria, su transformación digital y la innovación del sector. Conviene comprobar la convocatoria en vigor y su plazo, porque las intensidades de ayuda cambian en cada una.
  • Programa FEADER: el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural financia inversiones en sostenibilidad agraria, incluyendo cálculo de huella de carbono y planes de reducción.
  • Ayudas de la PAC (Política Agrícola Común): los eco-esquemas de la nueva PAC 2023-2027 recompensan prácticas sostenibles. Los agricultores que puedan documentar su impacto ambiental acceden a pagos complementarios de hasta 80 euros por hectárea.
  • Líneas ICO verdes: financiación preferente del Instituto de Crédito Oficial para inversiones en sostenibilidad, con tipos de interés reducidos para proyectos con datos ESG verificables.

Cómo puede ayudarte CIRCULR

El sector agroalimentario tiene una necesidad urgente pero sencilla: convertir datos operativos que ya existen (consumos, facturas, producción) en informes de sostenibilidad que satisfagan a clientes, reguladores y financiadores.

CIRCULR está diseñado exactamente para eso:

  • Calculadora de Huella de Carbono (gratuita): calcula las emisiones de tu empresa o explotación en minutos. Incluye factores de emisión actualizados del MITECO e IPCC, adaptados al sector agrícola y alimentario. Es el primer dato que te van a pedir y lo puedes tener hoy mismo.
  • Test de Cumplimiento CSRD (49 euros): descubre si tu empresa está directa o indirectamente afectada por la CSRD y qué datos debes preparar. Especialmente útil para cooperativas y transformadoras que exportan a la UE.
  • Informe Profesional de Huella de Carbono (299 euros): informe de Alcance 1+2 alineado con ISO 14064-1, revisado y firmado por consultor, entregado en 48 horas. Válido para responder a los cuestionarios de sostenibilidad de los grandes distribuidores. También válido para el Registro del MITECO y para acceder a líneas de financiación verde.
  • Memoria de Sostenibilidad (299 euros): genera un informe completo con indicadores GRI adaptados a tu actividad. Imprescindible para cooperativas que quieran acceder a fondos FEADER, ayudas del PERTE Agroalimentario o financiación ICO verde.

De la granja al reporte: empieza hoy

La cadena alimentaria española se enfrenta a un cambio estructural. Los datos de sostenibilidad van a ser tan necesarios como los de seguridad alimentaria. Las empresas que se preparen antes — calculando su huella, organizando sus datos, generando informes verificables — tendrán una ventaja competitiva clara en un mercado donde los márgenes son estrechos y perder un cliente puede significar perder el negocio.

La buena noticia es que empezar no requiere una gran inversión. Calcula tu huella de carbono gratis y ten el dato base que te van a pedir. Si necesitas un informe completo para un cliente o una solicitud de ayudas, la Memoria de Sostenibilidad te lo resuelve en días, no en meses.

El sector agroalimentario español tiene la calidad para competir en cualquier mercado. Ahora necesita los datos para demostrarlo.

¿Te ha resultado útil este artículo?

Descubre cómo CIRCULR puede ayudar a tu empresa con la sostenibilidad.